La medida tomada por el Ministerio Público fue adoptada por las juezas del tribunal, al entender que escuchando dichas conversaciones y viendo las transcripciones de las llamadas se vulnera el derecho a la privacidad de Dolphy y Mary Peláez.
Sin embargo, la defensa se Dolphy, encabezada por Ingrid Hidalgo, se mostró en desacuerdo con la medida al indicar que por encima de la privacidad de su defendida está el derecho de “el pueblo de conocer” si la implicada en la red de Figueroa Agosto en realidad tenía negociaciones con el presunto narcotraficante boricua.
Más tarde desfilarán por el tribunal los testigos de Mary Peláez para defenderla de las acusaciones de lavado de activos en su contra.
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