El consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aprobó la resolución que ordena modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNF) que dará lugar al despeje de frecuencias que serían licitadas “en un tiempo relativamente breve”, como reclaman las prestadoras para expandir sus planes de servicios de telecomunicaciones en el país.
El presidente del consejo, David Pérez Taveras, djo que las principales trabas a que se refieren las compañías telefónicas para expandir sus negocios, provienen de arbitrios o tributos que diferentes ayuntamientos han estado imponiendo a estas empresas.
“Se ha hablado de supuestos retrasos del Indotel en la atribución de las frecuencias, lo cual no es cierto porque nosotros tenemos más de un año trabajando en eso, incluso de las manos de las mismas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones”, expresó Pérez Taveras.
“Precisamente en esta semana fue aprobada en el consejo directivo del Indotel la resolución que ordena la modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNF), que es lo que va a dar lugar al despeje de algunas frecuencias y a la posibilidad de que sean licitadas nuevas frecuencias en un tiempo relativamente breve para que ellos puedan seguir expandiendo sus planes de servicios”.
Sostuvo que de parte del Indotel no existe ninguna traba para el desarrollo de esta industria, sino todo lo contrario, “nosotros hemos sido un soporte importante del sector de las telecomunicaciones, independientemente de que hacemos nuestro papel de órgano regulador”.
Robo de cables y combustibles
En cuanto a los problemas que confrontan algunas prestadoras con los ayuntamientos, Pérez Taveras manifestó que estas “tienen algo de razón” y que el Indotel fijó públicamente su posición al respecto hace dos años cuando comenzó el problema, incluso apoyó de manera voluntaria y de manera valiosa los reclamos de inconstitucionalidad que éstas hicieron ante instancias judiciales del país.
“Las empresas de telecomunicaciones elevaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (por los cobros de arbitrios), y el Indotel, de manera voluntaria intervino en el proceso de forma muy valiosa y se obtuvo en ese entonces una decisión que fue favorable a esas empresas”, precisó.
En tal sentido, el funcionario sostuvo que el Indotel “ha sido un mediador por excelencia entre las trabas que ellos llaman a las inversiones y el desarrollo de sus empresas”.
Insistió en que esta institución ha estado mediando entre las prestadoras e instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y muchos ayuntamientos, a fin de buscar salidas a los impasses que han surgido con estas instituciones. “Hemos hecho muchas reuniones con representantes del sector de las telecomunicaciones, del sector privado y los ayuntamientos, con miras a que las diferencias que existen entre ellos sean limadas, sean salvadas”, enfatizó.
Indicó que en algunos casos se ha logrado que las prestadoras se pongan de acuerdo con los cabildos, pero que en otros no se ha logrado porque es conocido que los ayuntamientos tienen su propia autonomía, por lo que “esas trabas a que ellos aluden parece ser que no las han salvado, pero nosotros siempre hemos sido mediadores en ese problema que tienen (las empresas telefónicas)”.
Pérez Taveras destacó que se ha obtenido muchos resultados en esas gestiones, en razón de que se ha logrado autorizaciones de “varios municipios que tenían prohibiciones de instalaciones de torres porque entendían que podrían ser dañinas a la salud”. “Nuestra mediación ha servido para que hayan podido desarrollar, instalar muchas de esas torres”, precisó.
Dijo que también con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente las prestadoras han admitido que el retraso en la emisión de las autorizaciones “ha bajado de un año, dos años, a tres y cuatro meses la expedición de los permisos”, lo que en buena parte “es fruto de la mediación que el Indotel ha hecho”.
En cuanto a las denuncias de robos de cables y combustibles que hacen las prestadoras, el doctor Pérez Taveras consideró “muy dañina” esa práctica, ya que a las empresas se le hace muy costoso reponer esos materiales después que han realizado inversiones cuantiosas en los mismos.
Precisó que el Indotel también “ha sido un soporte importante para las empresas en ese sentido” y recordó que el órgano regulador integró desde el inicio de las quejas una “fuerza de tarea conjunta” que formaban organismos de seguridad del Estado y la dirección general de Aduanas para erradicar ese mal.
Refirió que esta institución, además, gestionó ante las autoridades que se prohíba exportar ciertos tipos de metales que eran los que más son sustraídos a las prestadoras.
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